El nuevo proyecto de ley de empleos públicos acordado entre el gobierno y los sindicatos abre la posibilidad a la administración estatal de reducir los salarios de los funcionarios que, según las nuevas evaluaciones anuales y obligatorias de su trabajo, tendrán bajo desempeño. Según el proyecto, los empleados serán evaluados en términos de resultados y logros. Gracias a la nueva norma, no sólo aumentará la productividad de los empleados, sino también la calidad de los servicios públicos.
Su evaluación de desempeño tendrá un impacto directo en su carrera. De ello dependerá la continuidad del trabajo en un determinado puesto y su posible ascenso. También contribuirá a la promoción la apuesta por un programa de formación especializado, una labor docente o de investigación. Está permitido despedir a alguien que recibió una calificación baja y obtuvo el trabajo mediante concurso.
El Ministerio de Hacienda propone privar parcial o totalmente de sus bonificaciones a los empleados públicos de baja calificación. Tampoco podrán acogerse a los nuevos complementos salariales incluidos en la ley. El primero es un bono profesional que premia el progreso, mientras que el segundo premia el desempeño en proporción a las calificaciones obtenidas.
Aún se desconoce hasta qué punto se reducirán los salarios de los funcionarios incompetentes. El salario base de los empleados de la administración pública en España oscila entre 637,14 € para puestos inferiores y 1.288,31 € para puestos superiores. Estos importes se complementan con bonificaciones que a menudo representan hasta la mitad del salario final.
El documento aún enfrenta un largo proceso legislativo. Según las expectativas, se votará en el Parlamento a más tardar el próximo año. La ley se enmarca en los compromisos adquiridos por el Gobierno español con Bruselas a cambio de los fondos europeos estipulados en el plan de reconstrucción nacional. Más de 37.000 millones de euros irán al tesoro público español.
Iwa y Yesuka
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